Piano se va lontano

El abogado italiano Fabio Galiani, representante del Estado uruguayo en el juicio en Roma por los crímenes del Plan Cóndor. Foto: S/D auto

SURda

 

Lourdes Rogríguez

 

 

Estado uruguayo se incorporó como parte en juicio en Italia para reparar “su imagen internacional” por crímenes del Plan Cóndor.

A 14 años de la radicación de la denuncia, el 11 de octubre se constituyó en Italia el inicio del proceso judicial por los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor. Durante esa audiencia, el Estado uruguayo, representado por el abogado Fabio Galiani, fue admitido como “parte civil”. Galiani explicó a la diaria el alcance de este hecho, que es considerado histórico, y afirmó que buscará un reconocimiento del daño moral que sufrió el Estado luego de que militares y civiles en el poder actuaran en forma ilegítima en su nombre. El 22 de noviembre se celebrará la próxima audiencia.

El Código del Proceso Penal italiano se basa en el principio acusatorio. Esto significa que el fiscal lleva adelante toda la indagatoria y la investigación y decide cuándo lleva una causa a juicio. El expediente contra acusados uruguayos, chilenos, peruanos y bolivianos por crímenes cometidos durante la coordinación represiva del Plan Cóndor fue abierto a raíz de una denuncia radicada a fines de los 90. Este año, el fiscal Giancarlo Capaldo presentó toda la prueba recabada ante el juez en la denominada “audiencia preliminar”, que se celebró el 11 de octubre. En esa instancia, el juez hizo lugar al inicio de un proceso penal y aceptó la constitución del Estado uruguayo como “parte civil”.

El abogado Alberto Breccia, que entrará en funciones como embajador en Italia el 26 de noviembre, explicó la decisión del gobierno de que nuestro Estado sea “parte civil” del juicio entendiendo que durante la dictadura fue “perjudicado en cuanto a su imagen internacional a partir de la acción de quienes usurparon el poder”. Breccia añadió que se descartó la posibilidad de hacer partícipe al Estado en el juicio mediante la figura de “portador de intereses difusos” porque lo excluía, entre otras cosas, de la presentación de pruebas.

Galiani indicó a la diaria que Uruguay tendrá derecho a presentar pruebas y testigos, a interrogar a los testigos presentados por la otra parte, a proponer excepciones procesales y a resistirse a las que proponga la parte acusada. “Vamos a tratar de presentar documentos que obtuve gracias a un increíble trabajo intensivo del ‘grupo de trabajo' coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la participación de la Comisión para la Paz [en referencia a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia] y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, junto con representantes de los familiares de las víctimas”, afirmó.

Breccia, por su parte, señaló que además del reconocimiento se busca el resarcimiento. En otras palabras, si la Justicia italiana determina la culpabilidad de los imputados uruguayos, el Estado podría solicitar una reparación económica, aunque Breccia agregó que el monto sería “simbólico”.

Para Galiani, la decisión del Estado uruguayo de constituirse como “parte civil” no sólo tiene como objetivo principal “estar cerca de las víctimas” sino también tomar “una posición clara de distancia y de firme condena” a lo ocurrido durante la dictadura. “La iniciativa del Estado uruguayo es necesaria para aclarar ante la historia y el propio pueblo que el Estado y el pueblo fueron los perjudicados y no los responsables de aquellas atrocidades”, resumió.

Dañados y dañinos

¿Cómo se entiende que el Estado se presente como “parte dañada” cuando éste tuvo responsabilidad en los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor? “En la mayoría de los países del mundo asistimos a crisis de la política; los ciudadanos se alejan cada vez más de las instituciones públicas. A veces, esto nos permite olvidar que el Estado es la comunidad de los ciudadanos, que nosotros, el pueblo, somos el Estado. En este sentido, el Estado fue dañado en sus principios básicos, no responsable de la Operación Cóndor. Si vemos al Estado como un aparato burocrático -que es sólo el instrumento para cumplir con los fines de la comunidad-, es claro que la responsabilidad no fue del Estado, sino de personas que en ese momento estaban actuando en su nombre de forma ilegítima, en violación de normas fundamentales nacionales e internacionales”, explicó. Consultado sobre si esta conceptualización exime al Estado uruguayo de su responsabilidad, Galiani indicó: “Si un alcalde de una ciudad ordena a policías bajo su mando que torturen, la responsabilidad es de ese alcalde y de los policías que cumplan esas órdenes, no de la ciudad ni del conjunto de sus ciudadanos, que por el contrario son víctimas de un perjuicio, no sólo como individuos sino también como comunidad. Así que, sin duda, los responsables de las atrocidades son los que planearon, ordenaron y cometieron tales actos inhumanos”.

Nella sua casa

Galiani inició el vínculo con Uruguay a fines de 2007, cuando el ex militar Jorge Tróccoli fue capturado por las autoridades italianas. “El caso involucraba aspectos de Derecho Penal Internacional y en Italia no hay muchos especialistas en ese campo”, relató Galiani, quien participa en la Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desde el comienzo y ha trabajado a nivel internacional.

En aquel momento, el Estado uruguayo decidió solicitar la extradición de Jorge Tróccoli, imputado en el expediente judicial que más tarde condenaría a Gregorio Álvarez y Juan Carlos Larcebeau por las desapariciones de uruguayos en Argentina entre fines de 1977 y principios de 1978.

La detención se realizó a pedido de un tribunal de Roma, como medida cautelar por su calidad de indagado en el marco de la megacausa por el Plan Cóndor, en la que está acusado de los mismos crímenes por los que lo requirió Uruguay. Más tarde, el mismo tribunal dispuso su libertad al no contar con elementos suficientes para mantener la prisión preventiva, y desde entonces se encuentra libre en Italia.

La extradición nunca se hizo efectiva debido a la entrega fuera de plazo de la solicitud uruguaya, hecho que fue atribuido al entonces embajador Carlos Abín. Breccia, quien llegó a Italia a fines de 2008 para sucederlo en el mandato, presentó los recursos correspondientes con el fin de que Tróccoli fuera juzgado en su territorio.

En febrero de 2009, el Ministerio de Justicia italiano, entonces a cargo de Angelino Alfano [ahora viceprimer ministro y ministro del Interior], hizo lugar al petitorio cursado por la embajada uruguaya. En este punto, la fiscalía apartó el trámite administrativo de Tróccoli de la megacausa y por esta razón no aparece entre los indagados (ver recuadro). No obstante, el expediente para su juzgamiento sigue en curso y también está a cargo del fiscal Capaldo.

Otro frente

Durante la audiencia preliminar también se constituyó como “parte civil” el Frente Amplio, “en nombre de las víctimas”. En una carta fechada el 18 de octubre, los directores del Partido Democrático italiano señalan que es un hecho histórico y que “por primera vez dos partidos políticos de diferentes países cooperan de manera activa en la búsqueda de la verdad y de la justicia en el ámbito de un proceso penal internacional”. Ambos partidos, además, comparten abogado representante, Antonello Madeo.

Fuente: http://ladiaria.com.uy/articulo/2013/10/piano-se-va-lontano/